El pasado mes de mayo, la SDP anunció la ampliación del plazo hasta abril de 2020, para que las bodegas privadas de reciclaje puedan hacer toda la regularización y el plan de acción que les permita seguir funcionando, mientras cumplen con los requisitos exigidos por los Decretos 113 de 2013 y  456 de 2010.

Estos requisitos se exigen para mitigar, los impactos urbanísticos, arquitectónicos, de espacio público y de movilidad, para las bodegas privadas de reciclaje no afectas al servicio público de aseo. Por ejemplo, no pueden hacer cargue y descargue sobre las vías o sobre andenes, y mantener el espacio público libre de residuos. Así mismo, la caracterización de estos se debe hacer al interior de los predios. Esas son entre otras, algunas de las acciones de mitigación que se deben aplicar dependiendo del tamaño de la bodega.

Wilson Cifuentes, representante legal de la Asociación Nacional de Industriales del Reciclaje -ANIR-, destacó el acompañamiento de la SDP en este proceso que ya suma unas seis sesiones de trabajo, y quedan pendientes otras dos, en una de las cuales se revisarán las acciones que desde el Departamento Nacional de Planeación se han venido desarrollando para la puesta en marcha de las áreas de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos.