Durante encuentro virtual con la administración, los voceros de bodegas y organizaciones de recicladores pidieron que puedan funcionar las microbodegas porque cumplen una función social importante en la ciudad como bodegas de barrio, al atender a recicladores muy vulnerables  que no tienen oportunidades de transporte.

Manifestaron que tanto  las bodegas privadas como las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) deben ser tenidas en cuenta como parte de la prestación del servicio. Además, solicitaron  claridad en la norma para su ubicación en la ciudad.

Se inclinaron por incluir los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en procesos productivos de aprovechamiento y pedagogía. También, pidieron explicación sobre cómo van a funcionar y qué clase de residuos manejarán los Centros de Gestión Integral de Residuos Sólidos (CGIRS).

Las asociaciones de recicladores solicitaron la actualización del inventario de bodegas y que se conozca la realidad de las instalaciones en la ciudad. Comentaron que el sistema de inventarios está mal planteado y afecta a las bodegas de reciclaje tanto privadas como las ECA.

Abogaron por mayor flexibilidad en los requisitos que deben cumplir para poder funcionar. Explicaron que les resulta difícil cumplir con parámetros como disponer de una vía al frente de los centros de acopio.

Para el gremio reciclador, se debe hacer una regularización y planeación del territorio con base en la actividad de aprovechamiento y no por localización, para proteger la prestación del servicio por parte de los más de 21.000 recicladores de oficio.

Que la administración distrital apoye financieramente la cadena de aprovechamiento de los recicladores de oficio en estado de vulnerabilidad y pobreza, es otra de las peticiones, al igual que se tenga en cuenta que la localización de las bodegas no se hace por capricho sino que obedece a los circuitos de los recicladores.

Con base en los aspectos amparados por la Corte Constitucional los líderes solicitaron acceso cierto y seguro del material reciclable a los recicladores; permanencia en su oficio, así como el pago por el servicio de aprovechamiento prestado a la ciudadanía. “Cualquier proceso que se desarrolle no puede vulnerar los derechos que el gremio reciclador tiene ganados”, reiteraron los voceros.